Pedro Blasco Efe Madrid
El Gobierno regional aprobó la nueva Ley de Autoridad del Profesorado que pretende reforzar a los docentes dentro y fuera de los centros educativos. La propia presidenta acudió a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para explicar las características de la Ley.
Cuando se anunció que se aprobaría la Ley la presidenta explicó que ella era partidaria de poner de nuevo tarimas en las clases.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, destacó recientemente el "amplio apoyo" que ha recibido la propuesta del Ejecutivo autonómico para la creación de una Ley de esas características.
Aguirre señaló que es importante que se respete a los profesores, que "deben ser reconocidos como autoridad pública, ya que transmitir el saber entre las generaciones es uno de los mayores servicios que se brindan a la sociedad".
La presidenta regional aseguró que este apoyo a la nueva ley responde a que "a todo el mundo le interesa lo que ocurre en las aulas, independientemente de su edad o su partido político".
Así las cosas, unos 67.000 profesores de la enseñanza pública y concertada madrileña verán reforzada su autoridad en las aulas a partir de la próxima primavera, cuando está previsto que entre en vigor la Ley de Autoridad del Profesor.
Así lo ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que ha acordado remitir al Consejo Escolar, y posteriormente a la Asamblea de Madrid, el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor, con el fin de que sea debatido en la Cámara autonómica, votado y aprobado después con rango de Ley.
Un proceso que, según ha adelantado la presidenta, podría finalizar alrededor de marzo de 2010 para que desde entonces, los 50.000 profesores de centros públicos de la Comunidad y los alrededor de 17.000 de centros concertados adquieran la condición de autoridad pública, según el compromiso adquirido por Aguirre el 15 de septiembre, en el último Debate del Estado de la Región.
La futura Ley de Autoridad del Profesor, ha destacado la presidenta, pretende "reforzar y respaldar la autoridad" del personal docente de la enseñanza sostenida con fondos públicos (centros públicos y concertados) y reconoce la presunción de veracidad a los informes y declaraciones que hagan en caso de conflicto, ya sea dentro del colegio o instituto o en actividades extraescolares educativas.
Además, confiere potestad a los profesores de los centros públicos y concertados "para adoptar medidas cautelares provisionales", incluida, según ha dicho la presidenta, la expulsión del alumno o los alumnos que hayan cometido faltas muy graves que alteren las normas de convivencia del centro, o medidas contra los padres "que ataquen o contravengan" dichas normas.